Prefiero repetir una verdad ya conocida que devanarme la inteligencia para fabricar paradojas brillantes, ingeniosos juegos de palabras y acrobacias verbales que hagan sonreir pero no pensar
Antonio Gramsci

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miércoles, 12 de marzo de 2014

Aborta sola en el baño: Cuando prohíban el aborto será mucho peor.

Esto es el relato de lo ocurrido a una pareja italiana que pretendía abortar porque el feto sufría una enfermedad letal. En Italia el aborto es legal hasta los 90 días, pero hay una gran proporción de objetores por lo cual se dificulta el proceso o incluso se hace imposible. Grupos pro-vida han propuesto que sea obligatorio que las mujeres deban pasar "una charla informativa" con un grupo anti-abortista antes de que la mujer pueda abortar, pero afortunadamente aún no ha sido aprobado.

En España la situación va a ser mucho peor, pues la mujeres no van a contar con ningún apoyo médico en absoluto y van a abortar en condiciones insalubres con el consiguiente riesgo para su vida.


La han dejado abortar sola en el baño. En un hospital público. Sin un médico que se prestara a ayudarla porque eran todos objetores.

Valentina y Fabricio, los dos jóvenes romanos protagonistas del suceso, han denunciado lo ocurrido durante una conferencia de la Asociación Coscioni.
La pareja romana descubrió en 2010 que la niña que esperaban sufría una grave enfermedad genética, de la cual la madre es portadora, y no había ninguna posibilidad de supervivencia del feto por lo que decidieron terminar el embarazo en el 5º mes.

"Después de varios intentos de conseguir de una ginecóloga me ingresara en el Hospital Sandro Pertini, porque sólo ella no era objetora - explica la mujer- entro en el hospital y empiezo el tratamiento para la inducción del parto. Tras 15 horas de dolores lacerantes, vómitos y desmayos, parí en el baño del hospital con la única ayuda de mi marido. Nadie nos ha atendido ni habiendo pedido ayuda en repetidas ocasiones. Es más, llegó un momento en el que los objetores entraron con la Biblia en la mano para decirnos que cometíamos un crimen. No los denunciamos porque estábamos abrumados por lo que nos había ocurriendo".

El problema de los objetores de conciencia ha sido llevado incluso a la Comisión Europea, que ha condenado a Italia. "Es inútil que el ministro niegue el problema - ha afirmado Filomena Gallo, secretaria de la asociación que ha asistido a la pareja- la ley 194 indica que los centros deben garantizar el servicio de interrupción del embarazo y no lo llevan a cabo. Los responsables son las administraciones de las regiones a las que hemos reclamado en varias ocasiones y no han hecho nada".

En este caso, ha explicado Gallo, que es un aborto a todos los efectos, había sido iniciada por un médico que no era objetor, pero que en el cambio de turno habían entrado médicos objetores.  "Pero la ley dice que - ha subrayado- que el medico puede negarse a iniciar el procedimiento, pero no ha llevarlo a término".

fuente

jueves, 6 de marzo de 2014

Sí, las tropas rusas están en Crimea... desde el año 1783

Pese a la histeria de varios medios occidentales que alegan que Rusia ha desplegado 16.000 efectivos militares en la península ucraniana de Crimea, la flota rusa arrienda sus bases allí desde hace décadas, en virtud de un acuerdo vigente hasta 2042.

Hace días que se ha desplegado la frenética propaganda de gran parte de los medios occidentales que mienten sobre la presencia y despliegue de 16.000 efectivos rusos en el territorio Ucraniano. Quizá esto último sea la única verdad entre las montañas de mentiras que les proporcionan las autoproclamadas autoridades ucranianas.

Sí, las tropas rusas están en Crimea, eso es totalmente cierto. Pero están allí nada menos que desde el año 1783, cuando la entonces emperatriz Catalina II anunció la creación de la Flota del Mar Negro en ese territorio.



Infantes de marina rusos durante el desfile en Sebastpol en conmemoración del 58 aniversario de la victoria sobre Alemania nazi, 9 de mayo de 2010
Infantes de marina rusos durante el desfile en Sebastpol en conmemoración del 58 aniversario de la victoria sobre Alemania nazi, 9 de mayo de 2010

Las tropas rusas no han entrado a Ucrania.

En lo que se refiere a una supuesta 'intervención' de tropas rusas, cuyo empleo en el territorio de Ucrania acaba de ser autorizado por la Cámara Alta del legislativo ruso, las tropas rusas ni han entrado ni posiblemente entren en territorio ucraniano, lo que acaba de reiterar el propio Putin en su reciente rueda de prensa de este martes.

Sí, la Flota del Mar Negro rusa sigue teniendo su 'histórica' base naval en Sebastopol, pero desde 1997 se la arrienda a Ucrania por un importante precio anual de unos 100 millones de dólares, hecho que tratan de ocultar tanto los políticos ucranianos y occidentales como los medios informativos a su sueldo.

¿Qué hace la Flota del Mar Negro en Crimea y de qué efectivos dispone?

Tras el colapso de la URSS en 1991 y el posterior caos que se instaló en la región, desde agosto de 1992 la Flota del Mar Negro se fundó como una flota conjunta de la Federación de Rusia y Ucrania, cuyos buques tuvieron que navegar varios años bajo la bandera de la Flota del Mar Negro, establecida para tal circunstancia por ambos Estados.

Tan solo en 1997 los barcos de la Flota del Mar Negro de Rusia izaron su histórica bandera de San Andrés. Justo en este año se hizo oficial el arrendamiento ruso de las bases navales de la península de Crimea por un plazo de 20 años y el estacionamiento de las flotas rusa y ucraniana en bases separadas.

A día de hoy un 70% de la infraestructura de la Flota del Mar Negro rusa se encuentra en la península ucraniana de Crimea. En el territorio de la Federación de Rusia esta flota solo mantiene la base de la ciudad de Novorossíisk.
 
Según los acuerdos bilaterales ruso-ucranianos, el personal de la Flota rusa en la península está acantonado en los siguientes puntos: en su principal base naval en la ciudad de Sebastopol y en cuatro bahías cercanas, en la ciudad y puerto de Feodosia (centro de investigación) y en dos bases aéreas en las localidades de Kacha y Gvardéiskoye. En la ciudad de Nikoláyev, sus astilleros y su centro de reparación de buques también se encuentra un contingente ruso de manera temporal.

El mismo acuerdo de 1997 estipula que en las aguas territoriales de Ucrania y en su territorio puede haber un grupo de hasta 388 unidades de buques rusos (incluyendo 14 submarinos diesel-eléctricos). En las bases de Kacha y Gvardéiskoye pueden estacionarse 161 aviones. Todo ello es comparable con el poder naval de Turquía en el área.

Aunque el acuerdo del 1997 se cerró por un plazo de 20 años, en 2010  Rusia y Ucrania firmaron los llamados 'acuerdos de Járkov', en virtud de los cuales el contrato de arrendamiento se extiende hasta 2042, con opción de prórroga cada cinco años. El precio anual del arrendamiento es de 98 millones de dólares.




Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/121473-tropas-rusia-crimea-flota-ucrania

domingo, 23 de febrero de 2014

"Vamos a luchar a muerte contra los comunistas, judíos y rusos" esto es Ucrania



Radicales nacionalistas de Pravyi Sektor (Sector Derecho) portando Kalashnikovs han llamado a la lucha armada contra los implicados en los disturbios y saqueos, diciendo que van a usar las armas para restaurar el "orden y la disciplina".

"Os advierto, si alguno en este pueblo, en esta región, comete actos vandálicos o saquea, será tiroteado por las escuadras de Sector Derecho. Así que aquí vamos a tener orden y disciplina" dijo Aleksandr Muzychko el pasado viernes.

El 21 de Febrero, cuando la policía llegó a la ciudad de Rovno, en el oeste ucraniano, Muzychko dijo que si los encontraba en el el campo de batalla, su mano "no va a temblar, disparé", declaró el lider de Sector Derecho en Rovno, cuyos seguidores ya se han armado de Kalashnikovs.

Dmitro Yarosh, lider de Sector Derecho, durante un discurso.

"Si mañana esos bastardos [la policía] de Kiev, no paran, iremos con unidades militares, con vehículos blindados y tanques- sabemos cómo usarlos- e iremos a a Kiev- La victoria será nuestra" advirtió Muzychko a principios de semana.

Aleksandr Muzychko es un importante lider nacionalista. Ya en 2007 llamó a la lucha contra "comunistas, judíos y rusos mientras nos quede sangre en las venas" diciendo claramente que liderará la lucha contra todos estos, según su "credo".

En 1994, Muzychko, alias Sashko Bilyi, llegó a Chechenia para unirse a las fuerzas separatistas. Tomó parte en numerosas batallas contra las fuerzas federales, principalmente en la capital, Grozny. Él en persona inutilizó tres tanques, seis blindados y un vehículo SP.



Según los informes de los medios, guió una unidad federal al completo (presumiblemente marines) a una emboscada. Como resultado la unidad fue masacrada. Por sus méritos militares, el famoso general checheno, Dzhokhar Dudayev, premió a Muzychko con la medalla de "Heroe de la Nación".

Muzychko cumplió condena en una prisión ucraniana por crimen organizado y bandidaje, pero el defendía que era por motivos políticos.

"!El proximo presidente del país será de Sector Derecho! Nuestro partido tendrá representación parlamentaria" Prometió una vez.


Miembros del partido de extrema derecha, Sector Derecho, 25 enero 2014

Malestar entre la oposición


 A pesar de la nueva tregua , de la promesa de las nuevas elecciones y de reformas constitucionales entre firmadas por el presidente ucraniano, Viktor Yanukovich y los lideres de la oposición, miles de manifestantes están aún en el centro de Kiev. Vitaly Klitschko, lider de la oposición y cabeza del partido UDAR fue abucheado cuando presentó el trato como "algo importante". Trató incluso de hablar del acuerdo durante una ceremonia en memoria de los manifestantes muertos durante los recientes enfrentamientos.
Dmitry Yarosh, líder de partido nacionalista radica Sector Derecho, dijo a los manifestantes que el trato es inaceptable, diciendo que el objetivo último es la dimisión de Yanukovich.

"Sector Derecho no se quedará de brazos cruzados" según informa Unia, agencia de prensa "Sector Derecho no levantará las barricadas en los edificios gubernamentales hasta que nuestra petición más importante sea satisfecha, la dimisión de YYanukovich".

Este grupo saltó a la fama cuando sus miembros, equipados con cócteles Molotov, se enfrentasen a la policía en las calles de Kiev a mediados de Enero.

Miembros de la oposición entrenándose para enfrentarse a la policía.


Yarosh ha llegado incluso a proponer la eliminación del Partido de las Regiones, pro-gubernamental, y del Partido Comunista de Ucrania, diciendo que son grupos criminales que deben ser detenidos.

"Dos partidos antinacionalistas han estado actuando este año en Ucrania, son responsables de las desgracias de la nación ucraniana" dijo Yarosh en su página de Facebook, añadiendo que esos dos grupos eran el Parido de las Regiones y el Partido Comunista de Ucrania. Y llamó a los miembros de Sector derecho a parar las actividades de estos grupos "por todos los medios".

Mientras tanto, la llamada Spilna sprava (Causa Común), movimiento de oposición está pidiendo que el Parlamento Ucraniano (Verkhovna Rada) y el presidente Yanikovich dimitan en sus cargos.

"Desgraciadamente, la Plaza Maidan no es un lugar seguro. Mi detención y custodia tenía que haber sido decidida hace algunas horas" decía en su Facebook el líder Aleksandr Danilyuk, un abogado y activista que anteriormente ha estado implicado en campañas contra el anterior presidente, Leonid Kuchma.


Miembros de Sector Derecho entrenándose en la Plaza de la Independencia de Kiev. 25 de enero de 2014


"Finalmente he llegado a Londres hoy. Tenemos que coordinarnos en el exilio" dijo. A pesar de la ausencia de su líder, Causa Común, ha dado un ultimátum al servicio de prisiones de Kiev pidiendo la libertad para todos los presos políticos y que si no cumplen la petición usarán la fuerza, han dicho.

"Esta noche todos los prisioneros políticos serán liberados. Tenemos el poder y los medios para conseguirlo" dijo una fuente oficial del partido.

Solo hace unos meses, Causa Común era apenas conocida en Ucrania. Cuando el presidente Yanukovich rechazó un pacto con la UE en noviembre para favorecer sus vínculos con Rusia, Causa Común organizó manifestaciones masivas para pedir acercamientos a Europa.

El 25 de Enero, en un intento de demostrar su poder, bloquearon el Ministerio de Energía en Kieve durante algunas horas. El incidente provocó tensiones internas en la oposición, con Causa Común ignorando las peticiones del líder del Partido Udar de abandonar el ministerio. La ministra de Justicia, Elena Lukash, amenazó con imponer el estado de excepción si los radicales no se iban. El ministerio solo pudo ser desocupado tras una llamada entre el ministro de Interior, Vitaly Zakharchenko, y el embajador de EEUU en Ucrania, Jeffrey Payett.





Traducción de un artículo publicado en RT

sábado, 22 de febrero de 2014

Por qué el apoyo de EEUU al cambio régimen en Venezuela es un error.

¿Cuándo se considera legítimo derrocar un gobierno democráticamente elegido? Para Washington la respuesta siempre ha sido sencilla; cuando el gobierno estadounidense lo diga. Pero no es sorprendente que esta no sea la visión que por lo general tengan los gobiernos sudamericanos.


El domingo, los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela) publicaron un comunicado sobre las protestas en Venezuela. Describen "los recientes actos violentos" en Venezuela como "un intento de desestabilizar el orden democrático". Y dejan bastante claro de qué parte están.


Los diferentes gobiernos declararon:
"su firme compromiso para con las instituciones democráticas y, en este contexto, rechazan los actos criminales de grupos violentos que quieren extender la intolerancia y el odio en Venezuela como un instrumento político".



Debemos recordar que, cuando el año pasado hubo protestas en Brasil con mucha más envergadura, no hubo ningún comunicado de Mercosur o sus gobiernos aledaños. Ello no significa que no les guste el presidente Dilma Rousseff; es porque con esas protestas no se buscaba hacer caer el gobierno democraticamente electo de Brasil.


La administración de Obama es un poco más sutil, pero deja patente de qué parte está. Cuando el secretario de estado John Kerry anunció "estamos especialmente alarmados por los informes de que el gobierno venezolano ha arrestado a decenas de manifestante antigubernamentales" estaba tomando una posición política. Porque había muchos manifestantes que habían cometido delitos.: atacaron e hirieron a policías con trozos de hormigón y cócteles molotov, quemaron coches, contenedores e incluso edificios del gobierno y cometido otros actos de violencia y vandalismo.


Un portavoz anónimo de un Departamento de estado fue aún más claro la semana pasada, cuando contestó a los manifestantes preocupándose sobre  "el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela" y dijo que hay obligación de que "las instituciones gubernamentales respondan con efectividad a las legítimas necesidades económicas y sociales de sus ciudadanos". Se sumaba así a los esfuerzos de la oposición para deslegitimar al gobierno, una parte vital para cualquier estrategia de "cambio de régimen".


Está claro que sabemos a quién apoya EEUU en Venezuela. No necesitan esconderlo; hubo un presupuesto federal de 5 millones de dólares para financiar actividades de oposición dentro de Venezuela y esto es solo la punta del iceberg- hay que sumar los cientos de millones de dólares invertidos en apoyarlos en los últimos 15 años.


Pero por qué son importantes las actuales jugadas de EEUU y por qué enojan tanto a los gobiernos de la región, es porque están apoyando a la oposición venezolana en un nuevo cambio de régimen. Kerry hizo lo mismo en abril del año pasado cuando Maduro fue elegido presidente y la oposición dijo que había pucherazo. La postura de Kerry, agresiva y anti-democrática provocó fuertes reproches en los gobiernos de Sudamérica por lo que se vio obligado a cambiar de planes y reconocer tácitamente el gobierno de Maduro. (Para los que no siguieron los eventos no hay duda de los resultados electorales).


El reconocimiento de las elecciones por parte de Kerry puso fin al intento de la oposición por deslegitimar al gobierno electo. Después de que el partido de Maduro ganara las elecciones municipales por un amplio margen en Diciembre, la oposición perdió por goleada. La inflación llegaba al 56% y había una amplia escasez de todos los bienes de consumo y aún así votaron al gobierno. Su elección no podía atribuirse al carisma de Chávez, que ya había muerto hacía cerca de un año, no fue algo irracional. Aunque el año pasado ha sido duro, los pasados 11 años, desde que el gobierno tomó el control de la industria petrolera, se ha mejorado con creces en los niveles de vida de la mayoría de venezolanos que antes eran excluidos y marginados.


Hay muchísimas quejas sobre el gobierno y sobre la economía, pero los ricos políticos de la derecha que han liderado la oposición no son un reflejo de sus valores ni inspiran su confianza.


El lider la de oposición, Leopoldo López- competidor con Capriles por el liderazgo- ha interpretado las manifestaciones actuales como algo que puede hacer caer a Maduro. Es obvio que que no había ni hay una vía pacífica de que esto ocurra. Según el profesor de la Universidad de Georgia David Smilde; el gobierno tiene mucho que perder con la violencia de las manifestaciones y la oposición algo que ganar.


 El pasado fin de semana, Capriles, quién inicialmente desconfiaba de la  un potencialmente violento "cambio de régimen"  acusó al gobierno de infiltrarse en manifestaciones pacíficas para "convertirlas en el centro de la violencia y la represión". Mientras que López desafiaba a Maduro en Twitter después de que el gobierno cometiera el error de amenazar con detenerlo.


.: no tienes las agallas para meterme preso? O esperas ordenes de La Habana? Te lo digo: La verdad esta de nuestro lado



Afortunadamente el gobierno no mordió el anzuelo. El apoyo de EEUU al cambio de régimen indudablemente a calentado la situación, puesto que Washington tiene mucha influencia sobre la oposición y sobre los medios de comunicación.


A la oposición le llevó mucho tiempo aceptar los resultados de las elecciones democráticas en Venezuela. Intentaron un golpe de estado respaldado por EEUU en 2002 y cuando fracasó intentaron tumbar el gobierno con una huelga de combustible. Perdieron el intento de recuperar la presidencia en 2004 y denunciaron irregularidades; entonces intentaron boicotear las elecciones Asamblea Nacional, sin ningún motivo, al año siguiente. Estos intentos fallidos de deslegitimar las elecciones presidenciales del pasado abril son una vuelta a su pasado oscuro no tan lejano. Solo queda ver lo lejos que quieren llegar esta vez para ganar por otros medios lo que no han sido capaces de ganar en las urnas y por cuanto tiempo va a apoyar Washington el cambio de régimen en Venezuela.


Traducción del artículo de Mark Weisbrot para The Guardian

domingo, 9 de febrero de 2014

La declaración de la Infanta Cristina en la prensa internacional

La declaración de Cristina de Borbón ante el juez Castro ha recibido una amplia cobertura por la prensa internacional, resumimos a continuación las noticias publicadas en distintos medios.



The Guardian (Reino Unido):

Titular: La Princesa Cristina en el banquillo al llegar el caso de fraude real al tribunal.

Los manifestantes han llenado las calles al investigarse a la princesa por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal mientras crece la animosidad pública contra "la realeza intocable".

[...] Más de 200 manifestantes [...] agitaban pancartas que decían "Infanta, me debes dinero" o "Ni Franco ni el Borbón han sido elegidos" [...] La mayoría portaba letreros en apoyo del juez, José Castro,  que ha decidido citar a la infanta, elogiándolo por haber iniciado una investigación ampliamente vista como "intocable".

Un informe publicado la semana pasada por la Comisión Europea, revela que el 63% de los españoles se considera afectado por la corrupción. El porcentaje más alto de la UE.

[...] Manuel Delgado, otro abogado que ha salido del juzgado durante un receso ha declararado que "la princesa ha venido muy preparada para evadir todas las preguntas". Cristina ha dicho que ha confiado en su marido para dirigir sus negocios. El abogado ha añadido que (la Infanta) ha contestado "No lo sé o no me acuerdo" al 95% de las preguntas.

La monarquía española está viendo unos mínimos históricos de popularidad [...] con un 40% de los españoles que creen que habría que eliminar la monarquía. [...] Dos tercios de los españoles cree que el Rey debería abdicar.



BBC News (Reino Unido).

Titular: La Princesa Cristina en el tribunal por caso de corrupción.

Es la primera vez en la Historia que un miembro de la Casa Real va a los tribunales por una caso de corrupción.

Su marido, Iñaki Urdangarín presuntamente ha defraudado millones del dinero público.
Ella y su marido niegan toda irregularidad y no han sido acusados.

"Está ejerciendo su derecho a no hacer declaraciones que la puedan implicar", "No se está saliendo del guión que esperábamos, ella no sabe o no contesta, y eso es todo."
[...]
El señor Urdangarin está acusado de inflar exageradamente los precios de los eventos que organizaba.
[...]
Se sospecha que Cristina ha gastado parte de ese dinero en gastos personales.


La Repubblica (Italia).

Titular: Mayorca, la Infanta de España, procesada por fraude, descarga la responsabilidad sobre su marido "Era él quien gestionaba la sociedad".

La Infanta está siendo investigada como acciones de Aizón, una empresa hacia la que se habrían desviado más de un millón de los fondos públicos provenientes del Instituto Noos.

"No me he ocupado nunca de las cuestiones empresariales - ha dicho Cristina- porque lo hacía Iñaki", ha declarado al juez según se ha filtrado. "Me fiaba de mi marido".

 La Infanta, séptima en la linea de sucesión, es la primera miembro de la Familia Real en sentarse delante de los jueces para responder por acusaciones penales. Hasta ahora la Infanta no ha sido acusada de nada, pero según lo estime Castro, podría ser llamada a juicio o eximirla de responsabilidad. Puede que incluso elija una tercera opción; buscar un acuerdo que, a cambio de una admisión de culpabilidad, permitiría a la Duquesa de Palma de Mayorca de ser imputada por delitos menos graves.


Le Figaro (Francia)

Titular: La hija del Rey de España acusada.

La Infanta Cristina es sospechosa de fraude fiscal y de blanqueo. El juez trata de descubrir si tiene vínculos con las presuntas actividades fraudulentas de su marido, Iñaki Urdangarín.

Lluvia de malas noticias para la monarquía ibérica. Ahora que la mayoría de los españoles desean la abdicación del Rey, un juez ha acusado a la hija menor de Juan Carlos, la Infanta Cristina, de fraude fiscal y blanqueo de capital. Ha sido convocada el 8 de marzo. La defensa de la Infanta puede recurrir la citación. El Palacio Real ha dicho que "respetará las decisiones judiciales".

lunes, 9 de diciembre de 2013

A la atención de Don Alberto Fabra Part, President de la Generalitat Valenciana. Sr. Fabra:

A la atención de Don Alberto Fabra Part, President de la Generalitat Valenciana. Sr. Fabra:

He estado repasando su biografía y me ha llamado la atención un cierto paralelismo entre su vida y la mía. A imitación de las Vidas Paralelas de Plutarco, quisiera repasar nuestras vidas, si no tiene inconveniente.

Nació usted en 1964, cuatro años antes que yo. Estudió, hizo su bachillerato, lo normal. Me llama la atención la falta de referencias a su servicio militar; tal vez se sobreentienda y elimine de sus biografías online, pero no me extrañaría que fuera usted acumulando prorrogas por estudios para al final acogerse a una cómoda Prestación Sustitutoria, que fuera excedente de cupo, no sé; de todas maneras en aquella epoca era curioso ver como la gente que más abominaba del servicio militar era precisamente la gente de su perfil, las jóvenes generaciones de Alianza Popular en una extraña coincidencia con la extrema izquierda, solo que mientras estos despreciaban la estructura militar y lo que ella conlleva, a sus compañeros de partido lo que les molestaba era tener que desperdiciar un año en compañía de hijos de obreros, de oficinistas, de agricultores. Esa misma gente que enseñó a este hijo de informático -de los primeros informaticos de España- que había gente de otras clases sociales que podía ser tan-o más- digna de aprecio que el pequeño círculo de clase media en el que yo me movía. Por cierto, yo cumplí 15 meses de Servicio, entre mis 17 y 19 años. Mi primer tiempo al servicio de la sociedad.

Es usted arquitecto técnico, y yo tengo la FP de segundo Grado de Imagen y Sonido. Ninguno de los dos tenemos un nivel de estudios espectacular, lo sé, pero soy de los que opinan que el título no hace a la persona; supongo que estará de acuerdo conmigo: mejores currículos académicos habrá en su partido, pero usted es el President.

Tras 9 años en las juventudes del PP, en 1991 es usted elegido concejal de Castellón. Ahí le adelanto, ya que en 1990 yo había entrado ya en TVV. En un contrato de prácticas al 50% de sueldo como iluminador. En 1992 decidí bajar de categoría laboral, ya que aprobé en las oposiciones de auxiliar de explotación, 7º entre más de 600 aspirantes. Pero nuestros saltos se dan años después: usted es nombrado concejal de urbanismo de Castellón en 1999, y yo consigo aprobar otras oposiciones (que a pesar de ser por promoción interna puedo jurarle que no nos regalaron) como operador de equipos un año más tarde. Y en 2005, el gran salto: usted es nombrado Alcalde de Castellón y yo paso dos años como ayudante de realización, el máximo que puedo alcanzar en TVV con mi titulación. Y en el 2008, mientras usted acumula una nueva responsabilidad (y sueldo) como diputado en les Corts un servidor queda como finalista en el premio de guión más prestigioso de España, el Pilar Miró de la Academia de la Televisión.

Curiosos paralelismos, pero con unos matices. No lo tome a mal, pero usted es un hombre de partido. ¿Qué quiero decir con eso? Que sus nombramientos, su ascensión y demás se ha debido a su colocación digital en cada momento, en cada ocasión: ¿Quién decidio que fuera usted Concejal de Urbanismo, Alcalde de Castellón, President de la Generalitat? Las urnas dirá usted, pero, en un partido no asambleario y sin primarias como es el PP, la posicion en las listas es un asunto interno, opaco, en el que la sociedad nada tiene que decir. Depende de movimientos internos, familias, apoyos quien sabe si interesados, le juro que ignoro que hace que sea usted y no, por ejemplo, José Císcar fuese elegido por ¿quién? para sustituir a Francisco Camps.

Y la gran divergencia. Mientras en estos 23 años y dos meses en la empresa debo haber tenido 12 días de baja a lo sumo, ni una sola falta no justificada, ni una sola amonestación, parte o directamente bronca, mientras he aprendido, y usted disculpe, a puros huevos máquinas complejísimas, modos de trabajo y demás había una serie de gestores que, presuntamente, no derrochaban, sino se embolsaban cantidades descomunales de dinero. 1200 millones de euros. 200.000 millones de pesetas. El coste, por ejemplo, de 3 unidades como el portaaviones Juan Carlos Iº... Y cuando esos gestores acudían a les Corts ustedes aplaudían y votaban sí.

Y ahora quiere cerrar (en realidad, recurrido ante la justicia, pero ha cerrado), descargar el peso de la culpa, la razón del derroche, el peso humano y económico en mí. En mí y mis compañeros.
¿Sobraba gente en RTVV?. Por supuesto que sí. Ustedes votaban SÍ en les Corts a cada director general que acudía con cuentas sonrojantes, el Ente hervía de primos, sobrinos, hijos y afiliados mientras mis compañeros -los de verdad- y yo seguíamos entrando a las seis de la mañana, generando programación sin una sola queja, helándonos o empapándonos en retransmisiones para que no faltara el fútbol, las fallas, la Magdalena o se pudiera anunciar una nevada espectacular en Xodos.

Acabo ya: todo este mamotreto se reduce en una simple idea:
Apelando a la conciencia que estoy seguro que tiene le ruego que ceje ya en el ensañamiento con la plantilla. He querido mostrarle que los trabajadores de RTVV, usando mi propia vida como ejemplo, no somos esos parásitos que tal vez le han hecho creer. Somos padres y madres, hijos; acudimos al trabajo en ese frío primer metro de las 6 de la mañana o volvemos a las dos de la madrugada a casa; hemos aprendido habilidades, técnicas y aparataje tremendamente complejo y Jamás ha habido una retransmisión o programa que haya caido por causas achacables a nosotros.

Le ruego que no convierta este mar de experiencia, de know-how, de habilidades en polvo, vacío. No convierta décadas de trabajo honrado en una indemnización miserable que no nos permita intentar rehacer nuestras vidas, no arrastre a 1600 familias a la desesperación.

No trate a 1600 servidores públicos -al igual que lo es usted- como ratas. Porque -y no se tome esto como una amenaza, porque le juro que no lo es- nada hay más peligroso que una rata acorralada.
Quedo a su disposición para aclararle cualquier duda tomándonos un café, por ejemplo en el Generalife, a un paso de su despacho.

Atentamente
Jorge Bea
Operador de equipos de RTVV SAU

jueves, 17 de octubre de 2013

El cuerpo del SS Priebke sigue vagando por Italia.

La serie de altercados que se han producido con motivo del entierro del antiguo SS Erich Priebke, muerto a los 100 años, tal vez sea un ejemplo de lo convulso de la situación politico-social actual.

El SS es uno de los responsables de la Masacre de las Fosas Ardeatinas, el asesinato de 335 italianos como represalia contra un ataque partisano. Los civiles capturados aleatoriamente fueron ejecutados con tiros en la nuca e introducidos en una mina cuya boca se cerró con dinamita. Además Erich Priebke es celebre por su labor como torturador en la cárcel de via Tasso.

Priebke, había muerto el pasado día 11 en su casa de Roma y la familia había decidido sepultarlo en el cementerio del vecino pueblo de Albano Laziale, cuyo alcalde, tras serle comunicada la noticia, publicó un bando prohibiendo el paso de los restos por su término municipal. Esta decisión vino posteriormente revocada por el prefecto de Roma, al considerar que no suponía un riesgo para la seguridad pública.

A la llegada del vehículo a la iglesia, el grupo de vecinos y antifascistas concentrado para protestar por la presencia de los restos del nazi comenzó a gritar "asesinos, fuera de nuestro pueblo". La situación se agravó por la llegada de un grupo neofascista llamado "Milizia" que han atacado a las personas concentradas con cinturones, cadenas y cascos (ver vídeo).

A raíz de esto, el prefecto de Roma ha prohibido el ingreso del los neonazis al recinto, orden a la que se ha opuesto el abogado de Priebke. Tras lo cual, el sacerdote, encargado de celebrar la misa en latín, se ha quitado la indumentaria y se ha marchado.

A las 23 horas de ayer, la furgoneta con los restos del SS llegaban al aeropuerto de Pratica di Mare (lugar donde aterrizó Mussolini tras su liberación por los nazis), donde debe pasar un día por trámites burocráticos, y luego se dirigirá a un destino aún desconocido, incluso para las autoridades.

Cabe destacar como hecho más grave, las amenazas de los grupos neofascistas hacia la comunidad judía local. Ayer el lider de Militia amenazaba "Riccardo Pacifici -portavoz de la comunidad judía local- está siempre en nuestras mentes."

Hoy la comunidad judía de Roma celebra el aniversario de la deportación del Ghetto de Roma, al cual ha acudido Napolitano, presidente de la República y el Papa, por su parte, ha enviado una carta. 1259 personas fueron deportadas por la Gestapo el 16 de Octubre de 1943, solo 16 sobrevivieron.


Por su parte, el ministro de asuntos exteriores alemán ha comunicado: "En principio la decisión concierne a la familia (...) no hay una responsabilidad o un papel del gobierno federal alemán en este asunto. No depende de nosotros encontrar una solución. Todo alemán tiene el derecho de ser enterrado en Alemania y la gestión de los restos de los alemanes en el extranjero corresponde sobre todo a los parientes".


Más información:
Masacre de las Fosas Ardeatinas
 Artículos de la Repubblica [1] y [2]

viernes, 11 de octubre de 2013

El cadáver del hombre muerto al ser reducido por los Mossos sigue sin aparecer

Según denunciaba una amiga de la  familia del fallecido, Juan Andrés Benítez, en Twitter, el cadáver no ha sido entregado a la familia ni se conoce su paradero.

Juan Andrés, de origen sevillano,  fallecía el pasado sábado en el barrio del Raval  de Barcelona tras ser detenido por los Mossos.

La policía catalana afirma que intervino tras el aviso de que se estaba produciendo una pelea en la que el fallecido estaba implicado, lo redujeron, y una vez esposado falleció.

Según los testigos, "Lo ataron y le siguieron pegando hasta que dejó de aguantar. Trataron de reanimarlo, no lo consiguieron y se lo llevaron".

Según el diario Diagonal, lo vecinos que fueron testigos del sucesos fueron coaccionados por los agentes con el fin de que no difundieran las posibles fotos y vídeos que hubieran realizado.

Fuentes:
El Mundo
Diagonal

lunes, 30 de septiembre de 2013

Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España





Madrid – 30 de septiembre de 2013: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias  visitó España del 23 al 30 de septiembre de 2013. La visita estuvo integrada por dos miembros del Grupo de Trabajo: la Sra. Jasminka Dzumhur y el Sr. Ariel Dulitzky. El objetivo de la visita fue examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de desapariciones forzadas. Todo ello a la luz de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la Declaración). La Declaración refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido el español. 
Los expertos se reunieron con diversas autoridades incluyendo: En Madrid, el Secretario de Estado de Justicia; el Secretario de Estado de Seguridad; el Secretario de Estado de Asuntos de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; el Sub Secretario a la Presidencia; el Sub Secretario de Defensa; el Director General de Política Exterior, Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad y la Directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores; Jueces del Consejo Nacional del Poder Judicial y Fiscales de la Fiscalía General del Estado. El Grupo de Trabajo se reunió también con el Presidente del Senado y la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados así como con la Defensora del Pueblo. En Cataluña, los expertos se reunieron con: la Delegada de Gobierno en Cataluña; el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) y los directivos del Memorial Democràtic y del Institut Català Internacional per la Pau. En el País Vasco: con el Consejero de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco; la Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; la Presidenta y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco; el Presidente del Tribunal Superior y el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco; y el Secretario General del Ararteko (Defensor del Pueblo). En Andalucía: la Vicepresidente de la Junta de Andalucía; el Director General de Memoria Democrática; el Parlamento y el Defensor Adjunto del Pueblo.
El  Grupo de Trabajo quisiera agradecer al Gobierno de España por haberle extendido una invitación para visitar el país, por su amplia y positiva cooperación antes y durante la visita, así como por la franqueza y apertura al diálogo. Asimismo, agradece la información proporcionada durante la visita. También extiende su agradecimiento a las autoridades de las tres Comunidades Autónomas que tuvo oportunidad de visitar.
El Grupo de Trabajo se reunió con cientos de familiares y organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así como con otras organizaciones de la sociedad civil, abogados, historiadores, médicos, arqueólogos, antropólogos forenses y académicos. También recibió información directa de algunos testigos de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo agradece a los familiares, las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de familiares de personas desaparecidas y todos los sectores de la sociedad con los que se reunió. Dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas.
Durante la visita, el Grupo de Trabajo visitó el Valle de los Caídos en Madrid, el Fossar de la Pedrera en Barcelona y las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla. Los expertos se reunieron además con el Secretario General de la Conferencia Episcopal.
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En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). De acuerdo con la instrucción penal llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional, el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226.
El auto también se refirió al secuestro sistemático de niños – se mencionan en el auto 30.960 niños - de los detenidos republicanos que habrían sido entregados a las familias que apoyaban el régimen de Franco después de que sus identidades fueran supuestamente cambiadas en el Registro Nacional. El Grupo de Trabajo ha recibido información en varias reuniones sobre “robos” o “secuestros” de bebés y niños que habrían ocurrido incluso hasta después del retorno a la democracia.
El Grupo de Trabajo también ha recibido información sobre casos aislados de desapariciones que habrían ocurridos en los años 70 y 80 en el contexto de la lucha anti-terrorista. 

Marco Legislativo
España ha ratificado la gran mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, el Grupo de Trabajo felicita España por la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas así como la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones según los artículos 31 y 32 de la Convención. El Grupo de Trabajo considera de fundamental importancia que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
La Constitución española de 1978 incorpora y tutela todos los derechos fundamentales de una manera amplia y generalmente consistente con el derecho internacional. El apartado segundo de su artículo 10  requiere  una interpretación conforme de los derechos con los tratados ratificados por España. Sin perjuicio de ello, en muchos casos de desapariciones forzadas el Grupo de Trabajo ha notado una ausencia o insuficiente análisis de la compatibilidad de la normativa y práctica interna española con las obligaciones internacionales del Estado. El Grupo de Trabajo hace un llamado a la judicatura a realizar un uso consistente de la Declaración y de otros instrumentos internacionales relevantes. También insta al Estado a desarrollar una capacitación mayor a jueces y fiscales sobre la Declaración y otros instrumentos internacionales. 

El Grupo de Trabajo ha analizado las disposiciones del Código Penal español indicadas por diferentes autoridades que regularían la desaparición forzada (artículos 163-168 y 530). El análisis individual de estos artículos o la conjunción de todos o algunos de ellos, demuestra que el Código español no contiene un delito autónomo de desaparición forzada ya que los delitos mencionados carecen de todos los elementos constitutivos de una desaparición forzada. No requieren la participación de un agente estatal ni la posibilidad de la tolerancia, aquiescencia, o cooperación estatal en el caso de comisión de una desaparición forzada  por un particular o grupo de particulares. Solo cubren el supuesto de detención ilegal o secuestro cuando la Declaración se refiere a otras posibilidades como el arresto, el traslado contra su voluntad a las personas, o “que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma”. Además, la fórmula utilizada por el Código Penal “no dar razón del paradero de la víctima” no es lo suficientemente amplia para abarcar el tercer elemento constitutivo de una desaparición forzada de personas, a saber “la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la protección de la víctima”. Por último, el Código Penal omite estipular que la consecuencia de la desaparición es sustraer a la persona de la protección de la ley. De modo que la tipificación española no es suficiente en materia de desapariciones forzadas.
El Proyecto de Ley Reforma del Código Penal (aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre),  no reforma dichos artículos ni incluye la tipificación de la desaparición forzada. Sin embargo, este proyecto de ley representa un avance importante pues eleva las penalidades de los delitos mencionados equiparándolos al homicidio. El Grupo de Trabajo considera que la revisión del Código Penal es una oportunidad para incluir el delito autónomo de desaparición forzada, de acuerdo a la definición de la Declaración. 

Las autoridades han informado que el artículo 607 bis del Código Penal bajo la rúbrica “De los delitos de lesa humanidad” recoge la tipificación de los crímenes contra la humanidad tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta inclusión en el Código Penal es bienvenida por el Grupo de Trabajo aunque resulte insuficiente a los efectos de la obligación internacional de tipificar como delito autónomo la desaparición forzada.


Verdad y memoria
Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Se han creado varias asociaciones de víctimas y hay una vibrante sociedad civil en España que trabaja con ese objetivo. El Grupo de Trabajo ha constatado en varios casos una falta de vínculos y comunicación entre los grupos de víctimas y las autoridades estatales. Los grupos de víctimas, en particular las asociaciones de familiares, no han sido debidamente consultadas ni tenidas en cuenta en el proceso de creación de mecanismos de justicia de transición, lo que resultó en que los mecanismos establecidos no hayan sido suficientes y eficaces. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a establecer un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones de familiares así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero para que puedan jugar un papel fundamental en las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas.
En España no existe una entidad estatal con la responsabilidad de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones. El Grupo de Trabajo observa que existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Esta información no está centralizada y produce confusión, entre otros, sobre el número de desapariciones forzadas. Una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y certeza sobre la persona desaparecida. Se necesita disponer de datos estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas. Los datos deben desglosarse por sexo, edad, zona geográfica, y el tipo y la ubicación del lugar de desaparición. Estos datos también deben incluir información sobre la fecha y el lugar de enterramiento y eventual exhumación e identificación y la información sobre los miembros de la familia. El Grupo de Trabajo considera que es imprescindible crear una entidad estatal con pleno apoyo institucional encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones y reagrupe la información generada por distintas asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación. El Grupo de Trabajo entiende que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5, que contiene información sobre más de 114.000 victimas, debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata.

El Grupo de Trabajo ha recibido información sobre la capacidad desarrollada en el campo de la ciencia forense y en los historiadores, la cual se ha utilizado parcialmente y en forma no coordinada. Por lo tanto, la responsabilidad de esta entidad debería fomentar la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. La creación de este mecanismo institucional debería mejorar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y promover una mejor comprensión de la naturaleza, las causas y el impacto de las desapariciones forzadas, promover una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, y el respeto del estado de derecho.

El Grupo de Trabajo reconoce la relevancia de la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, denominada “Ley de Memoria Histórica” que procura sentar las bases para el desarrollo de políticas en materia de reconocimiento y ampliación de derechos a las víctimas, la promoción de reparaciones y la recuperación de la memoria. Esta Ley reconoce la memoria como un elemento central de reparación de las víctimas. También establece disposiciones para el reconocimiento moral de las víctimas, la provisión de subvenciones, la prohibición de los símbolos conmemorativos franquistas, y la creación de un centro de documentación. Los artículos 11 a 14 de la Ley, referidos a la localización e identificación de personas desaparecidas, procuran responder a la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, las medidas previstas por la Ley dependen de la iniciativa de los familiares que las soliciten lo que ha creado varias dificultades en el disfrute de los derechos contenidos en la Ley. Según el artículo 11 de la Ley, las administraciones públicas solo tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas, transfiriendo de hecho la responsabilidad de estas actividades desde el Estado hacia los familiares. El Grupo de Trabajo subraya que la búsqueda de los desaparecidos no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado. El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa.
 
Si bien la Ley de Memoria Histórica establece la obligación de elaborar un protocolo de actuación científica y multidisciplinar para las exhumaciones y la creación de un mapa nacional de fosas comunes,  omite regular el procedimiento y responsabilidad institucional de este trabajo. Ello ha dado como resultado que las familias deban llevar a cabo muchos trámites judiciales y administrativos para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas sin una claridad del marco legislativo ni administrativo correspondiente. El “Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” se ha adoptado en septiembre de 2011 – es decir casi cuatro años después de la adopción de la Ley durante los cuales se realizaron un número importante de exhumaciones. Este Protocolo es importante para proveer de mínimos estándares a todos aquellos equipos científicos que realizan exhumaciones y debería desarrollarse ulteriormente prestando atención a la necesidad de reforzar un enfoque multidisciplinario, que incluya antropólogos, forenses, genetistas y arqueólogos, lo que las víctimas no son capaces de proporcionar y estableciendo claramente las autoridades responsables en cada etapa. El Grupo de Trabajo reconoce que los aspectos forenses son relevantes para la verdad y la justicia y recuerda en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad en relación con la desaparición forzada en donde se observa que “los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles”.

El proceso para determinar el paradero de las personas que desaparecieron en España ha tenido un éxito limitado, con el descubrimiento de varias fosas comunes. Algunos de los factores que contribuyen a este limitado éxito son el tiempo transcurrido desde que las desapariciones tuvieron su comienzo de ejecución, la ausencia o casi nula participación estatal, la carencia de un procedimiento claro, detallado y específico en relación con las exhumaciones e identificaciones, la inexistencia de una base de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas. No hay ningún reglamento específico a nivel nacional concerniente a los restos mortales, después de su exhumación.
El Grupo de Trabajo observa que el apoyo que brindan las distintas Comunidades Autónomas depende altamente del partido político gobernante en cada lugar. En algunas comunidades autónomas, de hecho, las autoridades locales han asumido la plena responsabilidad de la exhumación. Mientras que en otras, las administraciones han permanecido completamente ajenas a este proceso. Ello provoca un trato diferente de las víctimas dependiendo del lugar de la fosa y no ofrece igualdad de aplicación de los derechos establecidos en la Ley de Memoria Histórica.
Según la información recibida, desde el año 2006, el Gobierno de España ha destinado más de 25 millones de euros a las diferentes asociaciones de Memoria Histórica, para la ejecución de actividades para la recuperación de la memoria histórica, tales como la localización y exhumación de fosas, organización de actos de homenaje y labores de investigación. La implementación de este aspecto de la Ley de Memoria Histórica ha permitido que se produzca valiosa y cuantiosa información. El Estado español debería compilar, analizar y sistematizar dicha información, para luego ponerla a disposición del público. 

Sin embargo, en los dos últimos ejercicios presupuestarios, no se han abierto líneas de financiación para la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia, que tiene ahora la responsabilidad de desarrollar y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica a nivel nacional. Esta División ha integrado a inicios de 2012 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Familiares y asociaciones le han expresado al Grupo de Trabajo que, a su entender, el corte de presupuesto, asociado con el cambio de nombre - en donde no se hace referencia alguna a las victimas – no se debería exclusivamente a una reorganización de carácter puramente técnico ni a la crisis económica que afecta el país. El Grupo de Trabajo llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente.  

La Ley de Memoria Histórica también prevé que las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas. Este Mapa de Fosas es gestionado por el Ministerio de Justicia; según la información recibida, actualmente se recogen en tal Mapa hasta 2.382 Fosas en todo el territorio nacional.  Sin embargo, se le ha informado al Grupo de Trabajo que no todas las Comunidades Autónomas han realizado estos mapas y que adicionalmente no se actualiza de manera periódica. El Grupo de Trabajo, por otra parte, recibió detallada información sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en el País Vasco y Andalucía. La información sobre los mapas de fosas debería ser periódica y automáticamente actualizada. 

El acceso a la información y a los archivos constituye un problema principal para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad. En algunos casos ha habido una destrucción deliberada de documentos. Los archivos de seguridad todavía son de difícil o casi imposible acceso. En general hay una cierta resistencia a desclasificar o permitir el acceso a documentos. Falta una ley integral que regule el acceso a la información y a los archivos, lo que crea una situación por la cual el acceso a los archivos públicos puede estar reglamentado diferentemente en función de las distintas áreas geográficas. Esto crea situaciones en donde es posible que el acceso a la información pueda depender de la buena voluntad y/o la interpretación normativa del particular que atienda la demanda.
El Grupo de Trabajo toma nota de la existencia de una serie de controversias relacionadas con los registros de defunciones así como la veracidad de la información contenida en ellos. Algunos de los libros de registros han sido destruidos, o no se permite el acceso a ellos debido a la protección de datos personales o a otras razones. El Grupo de Trabajo también recibió información sobre el difícil acceso a archivos pertenecientes a la Iglesia Católica.

La legislación sobre la protección de la base de datos de carácter personal es un obstáculo para las víctimas en el acceso a la información. Según la información recibida, las autoridades gubernamentales utilizarían la ley para rechazar el acceso a la información relacionada con la desaparición si la información contiene un dato de carácter personal. La información bajo el control de un organismo público es un valor de bien público y el acceso público a esta información promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas. Si la información pública contiene datos personales se tiene que examinar caso por caso para garantizar un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos de carácter personal. El Grupo de Trabajo en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad señaló que, en relación con la desaparición forzada, el derecho a conocer la verdad se refiere "al derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición".

Existen actualmente iniciativas para adoptar una legislación sobre el acceso a la información, aunque el Grupo de Trabajo entiende que el objetivo de estas iniciativas es proporcionar mayor transparencia sobre las actividades gubernamentales - con el enfoque particular de la lucha contra la corrupción – antes que regular el acceso del público a la información. Una ley podría permitir superar los obstáculos reseñados. España debería promulgar una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el derecho a conocer la verdad.

La Ley de Memoria Histórica también dispone que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha sido informado que esta disposición en varias ocasiones no se ha respetado en la practica. El Grupo de Trabajo recomienda que el Estado vele por el respeto de esta disposición, que es esencial para el respeto de las victimas y el repudio y rechazo social de las violaciones ocurridas, incluidas las desapariciones forzadas.
 
En materia de memoria y verdad, varias Comunidades autónomas han asumido un importante rol que muchas veces amplían el alcance de la Ley de Memoria Histórica. En las comunidades autónomas visitadas por el Grupo de Trabajo, Cataluña aprobó una Ley (10/2009) sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas, y la dignificación de las fosas comunes. En Cataluña se ha favorecido la dignificación de las fosas antes que la exhumación. Cataluña ha creado el Memorial Democràtic como institución encargada de desarrollar las políticas públicas dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática. El Grupo de Trabajo observa con preocupación la reducción del presupuesto destinado a las actividades del Memorial Democràtic. El Gobierno del País Vasco ha firmado un convenio de cooperación con la sociedad de ciencias Aranzadi, que ha permitido la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de víctimas de desapariciones forzadas. Ante cada identificación el Gobierno del País Vasco envía una carta personalizada a las familias con un dossier con toda la información compilada. En Andalucía se llevan a cabo numerosas actividades por la Dirección General de Memoria Democrática tales como concesiones de distinciones honoríficas, subvenciones a ayuntamientos y entidades para realizar construcciones conmemorativas, investigaciones, estudios, jornadas, exposiciones y publicaciones. Ha sido también elaborada una base de datos de represaliados por el franquismo a través del proyecto “Todos los Nombres”.


El derecho a la justicia

La Declaración exige que el Estado español garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los presuntos responsables de las mismas e imponerles las sanciones que puedan corresponder. Sin embargo, la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en contra de una persona determinada en curso, ni hay  persona alguna condenada por las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura.
En diciembre de 2006 un grupo de víctimas presentó una querella colectiva ante la Audiencia Nacional reclamando la investigación judicial de los miles de casos de desapariciones forzadas que se habrían producido en España durante la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia fue asignada al Juzgado de Instrucción Penal n º 5 de la Audiencia Nacional. El Juzgado reconoció que los hechos denunciados no habían sido investigados penalmente, calificó a los delitos como crímenes de lesa humanidad e hizo referencia a la existencia de un plan sistemático de ataque para eliminar a los opositores políticos desde el 1936, durante la Guerra Civil y los años posteriores. El juez se inhibió por considerarse incompetente y remitió las actuaciones a los juzgados territoriales pertinentes. Ante una acusación de prevaricato por haber abierto y promovido dicha investigación, el titular del Juzgado de Instrucción Penal n º 5 fue procesado y finalmente absuelto el 27 de febrero de 2012 mediante sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal consideró que el titular del Juzgado de Instrucción Penal n º 5 cometió un error al realizar dichas investigaciones pero que actuó sin el dolo requerido para configurar el delito de prevaricato. Un mes después, el mismo Tribunal Supremo decidió una contienda de competencia en la que determinó que los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional eran los competentes para atender los casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil.

El Tribunal Supremo en sus sentencias de absolución y competencia estableció expresamente que no procede la investigación penal por casos de desapariciones forzadas dado que los casos estarían prescriptos, los presuntos responsables estarían muertos, el carácter continuado de las desapariciones sería una ficción inaceptable jurídicamente y, de todas maneras, sería aplicable a ellos la Ley de Amnistía de 1997. A criterio del Grupo de Trabajo, esta combinación de factores es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración.
El Grupo de Trabajo se encuentra especialmente preocupado por el efecto del juicio al Juez  de la Audiencia Nacional, la sentencia del Tribunal Supremo así como la subsecuente decisión del Tribunal Supremo en materia de competencia de los juzgados. La combinación de estos hechos, ha significado en la práctica el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura. Con posterioridad a las decisiones del Tribunal Supremo, prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de las víctimas (articulo 17 de la Declaración). Una desaparición forzada es un acto único y consolidado y no una combinación de actos aislados e inconexos. Aun cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada.
Adicionalmente, no se ha tenido en cuenta que el carácter de delito de lesa humanidad de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada. 

En octubre de 1977, España aprobó una Ley de Amnistía con un amplio apoyo parlamentario. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, las autoridades españolas y gran parte de la sociedad ven a esta Ley de Amnistía como una pieza fundamental que permitió una transición pacifica de la dictadura a un Estado de Derecho. Se le explicó al Grupo de Trabajo que la ley de amnistía española no es una “ley de punto final”. Al respecto, el artículo 18 de la Declaración es categórico en indicar que los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada  no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Una ley de amnistía no debe permitir el término de la obligación del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las desapariciones. El Grupo de Trabajo insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.

De acuerdo a la información recibida, cuando se procura proceder a realizar una excavación y exhumación de una presunta fosa común o de algún lugar donde presuntamente podrían estar enterradas personas desaparecidas, los jueces, fiscales o policías no se apersonan bajo el argumento que ello no sería parte de una investigación penal. Esta decisión constituye una omisión grave de parte de las autoridades judiciales y de procuración de justicia de investigar de oficio la potencial comisión de cualquier delito y especialmente una desaparición forzada. Hasta tanto y en cuanto, no se realice la apropiada identificación científica de los restos, fechas y causas de las muertes y no haya una determinación judicial de la configuración de un delito, de los posibles responsables y si operan causas de extinción de la acción o la pena, los jueces no pueden a priori prejuzgar sobre las mismas a riesgo de violar principios fundamentales del derecho. En otros casos, los juzgados se remiten a la Ley de Memoria Histórica debido a que la jurisdicción penal no sería el cauce adecuado para la determinación de la verdad sobre la persona desaparecida. El Grupo de Trabajo llama a que los responsables de la administración y procuración de justicia se apersonen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan. 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su Articulo 23 recogía una amplia concepción de la jurisdicción universal. Gracias a ello, la justicia española realizó importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal mediante la investigación judicial y juzgamiento de casos de crímenes internacionales incluidas las desapariciones forzadas. Esta intervención de la judicatura española fue asimismo esencial para fortalecer procesos judiciales domésticos en los países sobre los cuales se había ejercido la jurisdicción universal, permitiendo que se reabrieran o iniciaran causas por desapariciones forzadas. Ello demuestra la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. 

Sin embargo, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, ha restringido de manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal. En aplicación de esta Ley por lo menos dos querellas que incluían alegaciones de desapariciones forzadas han sido archivadas. El Grupo de Trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que esta reforma no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada.
 
Frente a la referida situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, víctimas españolas han solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España.


 
Concienciación pública, educación en derechos humanos y otras medidas preventivas 

Un elemento esencial para evitar que las desapariciones forzadas vuelvan a cometerse en el futuro es que se garantice una profunda conciencia pública de lo que sucedió,  que se eduque adecuadamente a las futuras generaciones sobre el pasado y que  la sociedad y en particular los funcionarios públicos reciban suficiente capacitación en materia de derechos humanos. En este sentido, el Grupo de Trabajo recibió con beneplácito la información de que las capacitaciones destinadas a las Fuerzas Armadas incluyen las asignaturas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Grupo de Trabajo destaca la importancia de que en la formación del personal militar y de policía, así como del personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, se incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la Declaración. 

Como importante medida preventiva, la Declaración, en sus artículos 10 a 12, requiere que las privaciones de la libertad de las personas se realicen con el más estricto apego a la normativa nacional e internacional relativa a los derechos humanos. Al respecto, los Artículos 509 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen un régimen de incomunicación. De acuerdo a la legislación española el juez de instrucción pueda ordenar que una persona detenida permanezca incomunicada hasta cinco días en cualquier caso y hasta 13 días si el detenido es sospechoso de integrar o estar relacionado con bandas armadas o de delitos de terrorismo. Durante ese plazo el detenido no tiene derecho a contar con un abogado de su elección ni consultar con un abogado en privado, ni a comunicarse con un familiar u otra persona de su elección el hecho y lugar de su detención ni a ser examinado por un médico de su elección. El Grupo de Trabajo recomienda que se deroguen los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen el régimen de incomunicación.


Instituciones nacionales de derechos humanos

La Constitución prevé la creación de un Defensor del Pueblo, mientras que los estatutos de las comunidades autónomas disponen el establecimiento de defensores del pueblo. El artículo 54 de la Constitución define el Defensor del Pueblo como alto comisionado del Parlamento, designado por el Parlamento, con la responsabilidad de defender los derechos contenidos en la Constitución. En cumplimiento de este mandato, el Defensor del Pueblo está facultado para supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Parlamento. Además, el Defensor del Pueblo, como defensor de los derechos individuales, puede solicitar el amparo de la persona y tiene poder especial para solicitar la revisión judicial de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo de España tiene mandato para hacer frente a todas las violaciones de derechos humanos cometidas por la administración del Estado o de la administración de un gobierno autonómico, mientras que el mandato de un Defensor provincial es tratar exclusivamente la violación a los derechos humanos de un gobierno autonómico. En la práctica, no existe claridad de cómo se resuelve un potencial conflicto de responsabilidad en el caso de violación de derechos humanos cometida a nivel autonómico donde ambos Defensores podrían intervenir.

Las instituciones de Defensoría han registrado casos relacionados sobre desapariciones forzadas, en particular los casos de niños robados. El Defensor del Pueblo del País Vasco ha producido importantes estudios en esta materia. Algunas también han procurado resolver los problemas de comunicación entre la administración y las víctimas y sus representantes.
Existe poca coordinación entre el Defensor del Pueblo de España y los defensores de las comunidades autónomas. Los defensores del pueblo estatal y de las comunidades se eligen mediante votaciones por mayoría cualificada por los respectivos Parlamentos, sobre la base de la nominación de los partidos políticos. No existe un procedimiento transparente o de participación de la sociedad civil en el proceso de selección ni garantías de la independencia del Defensor del Pueblo elegido. El Grupo de Trabajo recuerda la necesidad de que la elección del Defensor del Pueblo a nivel estatal y autonómico debe ser realizada de conformidad con los Principios de París.


Plan Nacional de Acción

En España se ha adoptado el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos para el período 2008-2012, mientras que el nuevo Plan Nacional de Acción se encuentra todavía en el proceso de redacción. Según la información recibida, el proyecto de Plan Nacional de Acción no incluye medidas relacionadas con los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo recomienda que el proceso de incorporación del Plan Nacional de Acción incluya plena participación de los diferentes Defensores del Pueblo y de la sociedad civil. Asimismo, el Plan Nacional de Acción debe establecer medidas concretas con claros objetivos en tema de desapariciones forzadas. 


Observaciones finales

El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en España.

Desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. La adopción de la Ley de Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones, el mapa identificando la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a víctimas, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos adoptados e instituciones creadas por Comunidades Autonómicas como Cataluña, el País Vasco, Andalucía, representan avances concretos y valorables.

Estos avances se han logrado gracias a iniciativas, muchas de las cuales han sido impulsadas  o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales, principalmente en algunas comunidades autónomas. El Estado debería asumir su responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente, cooperativa y colaborativa. Todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género.
En todos los sitios visitados durante esta semana el Grupo de Trabajo se ha reunido con centenares de familiares. Prácticamente todos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y las dificultades a acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. Dado el trascurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse  y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares es urgente que el Estado ponga como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo reitera que “Existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona, pero no existe una obligación absoluta de obtener resultados. De hecho, en determinados casos, el esclarecimiento es difícil o imposible […] Con todo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta que pueda determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona.”
Otros importantes desafíos  persisten en España. El Grupo de Trabajo desea llamar la atención especialmente sobre el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica y la carencia de presupuesto para su implementación, la vigencia de la Ley de Amnistía, la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas, la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada, la falta de una ley de acceso a la información y la dificultad para acceder a los archivos, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.

El Grupo de Trabajo subraya que los derechos procesales a una investigación, a la verdad y a la justicia son igualmente fundamentales para la percepción de reparación de las víctimas. Incluso, en algunos casos, el proceso de verdad y justicia puede constituir en sí mismo una forma de reparación.
El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.

El Grupo de Trabajo insiste que estas son observaciones preliminares. El análisis de la información recibida durante y con posterioridad a la visita, así como la valoración relativa a los lugares visitados, serán considerados en la elaboración del informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado español y expresa su ofrecimiento para brindar su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.


Fuente: http://www.ohchr.org 

jueves, 26 de septiembre de 2013

El SAS sanciona a una trabajadora al creer que no haría 90 kilómetros en 45 minutos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Málaga denunció ayer que el Servicio Andaluz de Salud ha sancionado injustamente a una candidata de la bolsa única de empleo temporal en la provincia. La trabajadora, residente en Ronda, recibió hace una semana una oferta de trabajo en el Hospital de Antequera, puesto al que debía incorporarse en el plazo de 45 minutos, circunstancia a todas luces imposible si tenemos en cuenta que entre ambas poblaciones hay un trayecto de 90 kilómetros.

Con todo, la trabajadora, aceptó el empleo, aunque, según CSIF, la Administración «presupuso que las condiciones eran insalvables y la candidata no llegaría a tiempo», por lo que procedió a sancionarla con tres días en bolsa y pasando la oferta de empleo al siguiente aspirante.

CSIF Málaga mantiene que la trabajadora en ningún momento rechazó el contrato y que el SAS la sancionó antes de que agotara el tiempo estipulado para incorporarse, que, en cualquier caso, no era suficiente, «vulnerando no sólo la conciliación de la vida laboral y familiar, sino poniendo en riesgo su seguridad».

Respecto a la sanción, el sindicato se reserva las acciones legales oportunas contra lo que considera «un ataque directo hacia un trabajador, así como una burla hacia las crudas circunstancias que atraviesan miles de aspirantes de la bolsa única del SAS».

Fuente:La Opinión de Málaga