La acusación de asesinato que recaía sobre 270 compañeros de los 34 mineros masacrados por balas de la policía sudafricana se basaba en una ley anterior al apartheid, régimen de soberanía blanca sobre la población negra anterior a 1994. La ley impone que los participantes en una protesta son los responsables de las muertes que en ella se produzca.El fiscal encargado del caso,Nomgcobo Jib, ha declarado a través de Talk Radio que si replantearan la presentación de cargos una vez que avancen las investigaciones. La acusación ha provocado tal indignación que incluso el ministro de Justicia, Joseph Radebe, ha pedido explicaciones.
La ola de protestas ha costado la vida a 44 personas, entre ellas 2 policías y 2 guardias de seguridad, y la de 6 mineros antes de la masacre de la mina Marikana. Es por tanto el peor incidente de este tipo desde que finalizó el dominio blanco.
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